El próximo sábado 2 de julio debería concluir el proceso de consulta pública que inició el pasado 2 de junio la Asamblea Nacional en relación con el anteproyecto de ley de la regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Sin embargo, diversas actividades han impedido cumplir al pie de la letra el cronograma, por lo que está siendo reajustado.
Fuentes ligadas al sector que representa a los inquilinos han señalado que el proyecto legal, en manos del Legislativo desde marzo pasado, será sancionado el próximo 5 de julio.
Sin embargo, el diputado oficialista Claudio Farías, quien es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, instancia que tiene a su cargo el proyecto, descartó tal posibilidad.
El 5 de julio son los actos conmemorativos del Bicentenario y la próxima reunión de la plenaria del Parlamento está prevista para el 8 de julio. Resaltó que el pasado martes se realizó la última jornada, por lo que no es cierto el señalamiento.
El parlamentario dijo que las consultas públicas continuarán en los estados Miranda (municipios Plaza y Zamora, altos mirandinos y Valles del Tuy), Anzoátegui, Vargas y las entidades llaneras. En estas últimas, la consulta se había programado para la semana comprendida entre el 23 y el 26 de junio.
De allí que -estima- la agenda se extenderá más allá del 15 de julio.
Una vez que culmine la jornada de consulta, la comisión realizará un informe que será sometido a discusión de la plenaria.
La meta es agosto
El proyecto de ley fue presentado por organizaciones populares en marzo pasado y recibió urgencia reglamentaria.
A pesar de los ajustes en el cronograma, la Comisión de Administración y Servicios no abandona la idea de que el instrumento sea sancionado antes del receso legislativo, que se inicia a mediados de agosto.
El proceso de consulta pública del anteproyecto de ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda comenzó a principios de junio en el Distrito Capital y parte del estado Miranda (Chacao, Baruta y El Hatillo).
El acto de inicio de la jornada se hizo en la plaza Altamira, en Caracas, y fue encabezado por el diputado Diosdado Cabello, quien preside la Comisión de Administración y Servicios Públicos.
El proyecto legal incluye todos los espacios destinados al arrendamiento de viviendas, entre ellos habitaciones y pensiones.
A pesar de que ha trascendido a la opinión pública que el proyecto sufrió modificaciones, particularmente en lo referente a la obligación de destinar 25% de los nuevos desarrollos inmobiliarios al arrendamiento, parlamentarios han negado tal versión.
El documento da pie para la transferencia de la propiedad a los inquilinos especialmente en aquellos edificios "de vieja data" destinados al alquiler.
De hecho, conmina a los propietarios a negociar y establece que, en caso contrario, procederá la expropiación.
Si bien este procedimiento es parte de un instrumento en discusión, está siendo puesto en práctica con un primer lote de 100 inmuebles ubicados en el Distrito Capital.
Agrupaciones de inquilinos esperan que esta iniciativa, que fue propuesta por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) al ex ministro de Vivienda y Hábitat, Luis Figueroa, en el año 2005, se extienda a otros estados del país.
La CIV y organizaciones de propietarios, incluida Apiur, han cuestionado que la fórmula que determina el valor de los inmuebles no contemple el terreno como parte del precio.

Fuente: El Mundo  30 de Junio del 2011